Así lo establece una iniciativa del Registrador Nacional del Estado Civil, Juan Carlos Galindo Vácha, que fue avalada por el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1794 firmado por el Presidente de la República, los ministros de Educación y del Interior y de Justicia.
La medida establece que los representantes legales de los centros de educación del país, previa solicitud de los registradores distritales, municipales y auxiliares, deberán enviar la lista de los estudiantes matriculados, mayores de 18 años, para que presten sus servicios como jurados de votación.
La Registraduría Nacional del Estado Civil y los rectores de los centros educativos, establecerán de manera conjunta los programas de capacitación de los estudiantes para que desempeñen eficazmente la labor como jurados de votación.
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