Procuraduría reveló lista de inhabilitados

Un total de 269 candidatos a las elecciones de octubre próximo no pueden ocupar cargos públicos por pesar en su contra inhabilidades derivadas de sanciones penales, disciplinarias, fiscales, por perdida de investidura y profesiones liberales.

La Registraduría Nacional del Estado Civil, envió a la Procuraduría General de la Nación, en varias entregas, un listado de 77.713 candidatos a cargos de elección popular para identificar a aquellos que están incursos en inhabilidades para ser elegidos como gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

Tras cruzar las bases de datos con el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, que recogen los reportes remitidos por los autoridades judiciales y administrativas encargadas legal y reglamentariamente de ello, se encontró que contra los 269 inhabilitados pesan en total 421 sanciones, 74 de ellas son derivadas de condenas por inasistencia alimentaria.

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Sobre la cifra entregada hoy por la Procuraduría General de la Nación es necesario tener en cuenta que:

Puede incrementarse por cuanto la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene aún pendiente de enviar a la Procuraduría un total de 343 registros para verificar; por las sanciones o condenas que puedan o pudieran imponerse después del 10 de agosto pasado, o que habiéndose proferido con anterioridad a esa fecha no hubiesen sido reportado por las autoridades responsables.
Puede reducirse teniendo en cuenta que los responsables fiscales pudieron o pueden cancelar los montos pendientes después del 10 de agosto, fecha de corte de la información procesada por la Procuraduría General de la Nación, caso en el cual según la ley, se debe cancelar automáticamente la inhabilidad.

NOTAS:
El sistema de información SIRI, recogió la información que remitieron los funcionarios judiciales competentes hasta el 10 de agosto pasado, sobre inhabilidades derivadas de sanciones disciplinarias, fiscales, penales, de perdida de investidura y a profesiones liberales, así:

1.- Condena en cualquier tiempo por delitos que afecten el patrimonio del Estado. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente.

2.- Condena en acción de repetición o en llamamiento en garantía “salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño”. Se impone a quien hubiere desempeñado función pública y que por su actuación dolosa o gravemente culposa dio lugar a que el Estado fuera condenado.

3.- Condena a pena privativa de la libertad por delito doloso. Se constituye en inhabilidad para quien infringe la ley penal y es condenado a pena superior a cuatro años, dentro de los 10 años anteriores, a excepción del delito político, cuya comisión no genera inhabilidad.

4.- Haber sido sancionado disciplinariamente 3 o más veces en los últimos cinco años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, genera inhabilidad durante 3 años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. Hace relación a la reiteración de la comisión de faltas disciplinarias, con lo cual se pretende que la función publica a desempeñar sea por ciudadanos que no hayan quebrantado el orden jurídico durante los últimos cinco (5) años.

5.- Hallarse en estado de interdicción judicial o inhabilitado por una sanción disciplinaria o penal. Se trata de la inhabilidad que surge de la sanción accesoria a la pena principal que impone un juez de la República o por el Ministerio Público, por la comisión de un delito o falta disciplinaria.

6.- Hallarse suspendido en el ejercicio de su profesión o excluido de esta, cuando el cargo a desempeñar se relacione con las misma. Hace referencia a las sanciones que imponen los organismos encargados de vigilar el ejerció de profesiones independientes.

7-. Haber sido declarado responsable fiscalmente (Cesa cuando se haya recibido el pago o cuando la Contraloría excluye del boletín de responsables fiscales). Surge a partir de una condena que realice la Contraloría General de la República y las Contralorías Departamentales, y cuyo pago no se haga efectivo.

8-. Haber perdido la investidura como congresista, diputado o concejal. Es la sanción que impone la Jurisdicción Contencioso Administrativo, luego de un proceso adelantado por la comisión de hechos contrarios al ejercicio de sus funciones como Congresistas registradas desde 1991 y como diputados o concejales desde el año 2000.

La responsabilidad de informar oportunamente a la Procuraduria General de la Nación, sobre las sanciones impuestas, para que sean incluidas en el sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad SIRI, está legalmente asignada de acuerdo a las competencias:

1. Las inhabilidades derivadas de pena principal o accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, deben reportarlas a la Procuraduría General de la Nación para realizar el correspondiente registro:

· El Secretario de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

· El Secretario de la Sala Penal de Tribunal Superior de Distrito Judicial,

· El Juez que haya proferido la sentencia de primera instancia,

· El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad o quien haga sus veces.

(Artículo 174 del Código Único Disciplinario, Resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la Nación; Acuerdo 1476 de 2000 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura )

2. Las inhabilidades generadas a partir de sanciones disciplinarias, deben ser reportadas por:

· El Secretario de la primera o única instancia del Consejo Superior de la Judicatura, o de los Consejos Seccionales de la Judicatura, según el caso.

· Entre las demás autoridades, el funcionario que falló en primera o única instancia.

(Artículos 174 , 37 y 38 del Código Único Disciplinario, Resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la Nación.)

3. En el caso de las sanciones derivadas de juicios de responsabilidad fiscal, el deber de reportar recae sobre la Contraloría General de la República, así:
· El Contralor Delegado para Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva y los gerentes departamentales.

· Los Contralores Territoriales, Departamentales, Distritales y Municipales.

(Artículo 174 del Código Único Disciplinario, Resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la Nación.)

4. En cuanto a las pérdidas de investidura, compete informar sobre las decisiones en este sentido a:

· El Secretario General del Consejo de Estado en el caso de las decisiones contra congresistas.

· Al Secretario del Tribunal Contencioso Administrativo, que profirió el fallo de primera instancia, respecto de los Diputados y Concejales.

(Artículo 174 del Código Único Disciplinario, Resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la Nación; Acuerdo 1476 de 2000 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura )

5. Las sanciones impuestas a profesionales independientes, deben ser reportadas por:

· El Secretario del Consejo Seccional de la Judicatura que emitió el fallo de primera instancia contra los abogados que sanciona.

· El Secretario del órgano colegiado o funcionario encargado de fallar en primera instancia.

(Artículo 174 del Código Único Disciplinario, Resoluciones 143 de 2002 y 191 de 2003 del Procurador General de la Nación; Acuerdo 1476 de 2000 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura )