jueves, 11 de octubre de 2007

Denuncia penal contra candidatos inhabilitados

La Procuraduría General de la Nación confirmó que, a la fecha, 292 candidatos inhabilitados mantienen su postulación a cargos de alcaldes, concejales, gobernadores, ediles y diputados en los comicios del próximo 28 de octubre.

La cifra fue establecida al confrontar la continua notificación derivada de las sanciones disciplinarias y penales, de los fallos de responsabilidad fiscal y de las decisiones de pérdida de investidura recibidas por el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad (SIRI) hasta el pasado 8 de octubre y el listado final de 87.814 aspirantes a cargos de elección popular, entregado por la Registraduría luego de las modificaciones realizadas por los partidos y movimientos políticos dentro del término legal y judicial establecido.

Ante los continuos reportes recibidos de las autoridades competentes, el Ministerio Público decidió instaurar acciones judiciales ante al Fiscalía y la jurisdicción contencioso administrativa en contra de quienes aún permanecen en las listas inscritas por los partidos y movimientos políticos a pesar de los públicos requerimientos para que se retiren de ellas.

El Ministerio Público denunció penalmente a los candidatos inhabilitados por haber declarado bajo juramento no tener antecedentes al momento de su inscripción y mantener su nombre por lo que será la Fiscalía la encargada de establecer si la conducta de estas personas configura delito. Según datos suministrados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, sólo 35 candidatos inhabilitados han declinado su aspiración por iniciativa propia o por voluntad de los partidos o movimientos políticos que los postularon.

La Procuraduría también radicó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, una acción popular en la que invocó la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa como consecuencia de la inclusión irregular de inhabilitados en las listas de aspirantes y solicitó a los magistrados ordenar a la organización electoral dejar sin efecto las inscripciones de los aspirantes que presentan reportes de inhabilidad para ocupar cargos de elección popular.

En la demanda, el organismo de control pidió a los magistrados de la jurisdicción de lo contencioso suspender de manera provisional los efectos de los actos de inscripción de los candidatos inhabilitados, mientras se pronuncia de fondo sobre el caso

La Procuraduría continuará el proceso de depuración y actualización de las listas de inhabilitados con base en los reportes que lleguen al SIRI sobre sanciones o condenas.

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